Necesidad de la regulación jurídica de RSE en Nicaragua

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las cambiantes necesidades sociales, económicas y ambientales. Aunque es una tendencia creciente en el mundo empresarial, su aplicación en Nicaragua aún es voluntaria y no existe una ley específica que la regule.

El autor argumenta que es necesario establecer una regulación jurídica de la RSE para garantizar su aplicación homogénea y efectiva. Se presentan dos posturas: la autorregulación, donde las empresas asumen voluntariamente este rol basado en su ética, y la regulación estatal, que establece obligaciones claras para las empresas en beneficio de la comunidad.

El autor se inclina por la regulación estatal a través de una ley que, consensuada con el sector privado, formalice la RSE. Esta ley definiría legalmente el concepto, eliminando ambigüedades y asegurando su correcta aplicación.

Se justifica la necesidad de esta regulación por varias razones:

1. Gobernabilidad empresarial ética: No todas las empresas practican la honestidad y la transparencia en su gestión, por lo que una ley fomentaría principios y valores éticos en la toma de decisiones.
2. Calidad de vida laboral: No todas las empresas ofrecen voluntariamente buenas políticas de recursos humanos. Una ley garantizaría condiciones laborales dignas y el desarrollo del capital humano.
3. Apoyo a la comunidad: Pocas empresas contribuyen al desarrollo de las comunidades donde operan. Una ley podría incentivar la inversión social empresarial en beneficio de la sociedad.
4. Protección del medio ambiente: Muchas empresas no consideran el impacto ambiental de sus acciones. Una ley promovería prácticas sostenibles y responsables con el entorno.
5. Mercadeo responsable: La relación entre empresas y consumidores a menudo carece de transparencia y equidad. Una ley establecería normas claras para proteger los derechos de los consumidores.
6. Partes interesadas (Stakeholders): La coordinación y transparencia entre accionistas, trabajadores, proveedores y consumidores es fundamental. Una ley fomentaría relaciones responsables y sostenibles en toda la cadena productiva.
7. Definición legal de RSE: La falta de una definición legal clara genera ambigüedad en la interpretación y aplicación de la RSE. Una ley establecería un marco conceptual unificado.
8. Papel social de la empresa: La empresa no debe perseguir únicamente el lucro, sino también contribuir al bienestar social. Una ley formalizaría este compromiso y promovería la inversión social.
9. Tendencia mundial: La tendencia global es hacia la regulación de la RSE. Varios países ya cuentan con leyes en esta materia, lo que demuestra su viabilidad y necesidad.
10. Beneficios empresariales: La RSE puede mejorar la imagen, reputación y competitividad de las empresas. Una ley podría incentivar su adopción a través de beneficios y reconocimientos.
11. Beneficios tributarios: Las empresas ya gozan de beneficios fiscales para atraer inversiones. Una ley podría condicionar estos beneficios a la implementación de prácticas de RSE, generando un mayor retorno social para el país.
12. Dignidad humana: Los países en desarrollo son vulnerables a la explotación laboral y ambiental por parte de grandes empresas. Una ley protegería los derechos humanos y promovería un desarrollo económico sostenible y digno.
13. Orden público e interés social: La legislación relacionada con derechos humanos, medio ambiente y protección al consumidor es de orden público. Regular la RSE reforzaría este marco legal y garantizaría su cumplimiento.
14. Políticas públicas: Es crucial que el Estado promueva la RSE a través de políticas públicas que fomenten la colaboración entre el sector público y privado para lograr un verdadero desarrollo sostenible.
15. Principio "Pro Homine": Este principio establece que la interpretación de las leyes debe favorecer la protección de los derechos humanos. Regular la RSE estaría en línea con este principio y garantizaría la prevalencia de los derechos de las personas sobre los intereses económicos.

En conclusión, la regulación jurídica de la RSE en Nicaragua es necesaria y viable. Una ley que formalice este concepto y establezca obligaciones claras para las empresas no solo beneficiaría a la sociedad y al medio ambiente, sino que también promovería un desarrollo económico más sostenible y justo.